Una exploración profunda de los marcos normativos, el reconocimiento basado en el mérito científico y los desafíos hacia una gobernanza triestamental con paridad de género bajo el amparo de las leyes 21091 y 21094. Chile
Dr. Ilich Antonio Silva-Peña
Fotografía: ULAGOS
El estudio central identifica que la gobernanza universitaria en Chile se encuentra en una fase de transición normativa donde predomina una visión distributiva basada en el mérito científico, pero que aún margina la participación efectiva de estudiantes y funcionarios en los organismos colegiados. Este hecho subraya la brecha entre el marco legal de las leyes 21091 y 21094 y la realidad estatutaria de las instituciones, que buscan equilibrar la excelencia investigativa con las demandas ciudadanas de inclusión y democracia interna
La investigación analizó los estatutos y reglamentos de cinco universidades chilenas bajo el prisma de la justicia social, detectando una tensión entre la tradición meritocrática y la urgencia de pluralismo. Se observó que el reconocimiento institucional se concentra casi exclusivamente en el profesorado titular, valorando sus habilidades de investigación de vanguardia como el principal motor de ascenso y poder. Se descubrió que la gobernanza universitaria chilena opera bajo una lógica distributiva de méritos científicos que, si bien fomenta la excelencia, tiende a invisibilizar la solidaridad institucional y la participación de estamentos no académicos en la toma de decisiones estratégicas. Este fenómeno funciona como un embudo donde solo aquellos con alta productividad científica acceden a la gestión, dejando de lado la responsabilidad política hacia la comunidad educativa global, un aspecto vital para enfrentar los desafíos de la globalización y la masificación de la enseñanza.
El estudio fue liderado por los investigadores: Dra. Gianina Andrea Dávila Balcarce, Dr. Ilich Antonio Silva-Peña y Dr. Gustavo Adolfo González-García, quienes examinaron la interacción entre el cuerpo académico, el personal administrativo y el estudiantado en universidades públicas y privadas. El análisis pone el foco en cómo los "titulares" ostentan privilegios decisionales, mientras que los otros estamentos luchan por un espacio en consejos y claustros. Los actores involucrados en esta transformación son los académicos, administrativos y estudiantes de las universidades chilenas, quienes, amparados en los nuevos marcos regulatorios como la Ley 21094, buscan establecer una participación triestamental y una paridad de género que garantice una representación equitativa en la alta dirección. Un ejemplo esperanzador es el Caso 5 del estudio, donde la paridad de género y la participación triestamental ya están legitimadas estatutariamente, marcando el camino hacia una universidad más inclusiva y menos patriarcal. Los autores manifiestan que: "Las universidades se organizan desde una visión distributiva, y la sugerencia es avanzar hacia una universidad más pluralista, que considere el reconocimiento y participación de quienes son parte de la misma, especialmente reivindicando la participación femenina en organismos colegiados".
La investigación se despliega en el territorio chileno, un escenario marcado por una alta diversidad institucional y una herencia legislativa compleja. El estudio de casos se enfocó en cinco universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), seleccionadas por su representatividad geográfica y de financiamiento. Este estudio se llevó a cabo en Chile, abarcando una muestra diversa de cinco instituciones de educación superior pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH), ubicadas en las zonas norte y central del país, incluyendo tanto universidades públicas como privadas de vocación regional y metropolitana.,. Estas instituciones, situadas tanto en la Región Metropolitana como en zonas extremas del norte, permiten observar cómo la gobernanza se adapta a realidades territoriales distintas, enfrentando desafíos comunes de masificación y globalización de la enseñanza, mientras intentan responder a las demandas de sus comunidades locales.
El marco temporal de este análisis es particularmente relevante, ya que coincide con un proceso de efervescencia social y cambios legislativos profundos en el país. Se sitúa tras el impacto del "Estallido Social1" de octubre de 2019 y los desafíos estructurales visibilizados por la pandemia de COVID-19. La investigación se sitúa en un contexto de transformación política reciente en Chile, gatillada por el Estallido Social de 2019 y la pandemia, analizando documentos vigentes bajo el marco de las leyes 21091 y 21094 de 2018, con miras al cumplimiento de nuevos estatutos hacia el año 2025.. Este periodo de transición normativa es crítico, pues las universidades estatales tienen como plazo el año 2025 para implementar estatutos que reflejen los nuevos estándares de democracia interna y participación triestamental exigidos por la ciudadanía y el nuevo marco regulatorio.
La importancia de este hallazgo reside en la necesidad de repensar la universidad no solo como un centro de producción científica, sino como un motor de equidad social. En un sistema donde el neoliberalismo ha desdibujado el propósito democrático de la educación superior, este estudio revela las grietas en los sistemas de toma de decisiones. La relevancia de este hallazgo radica en su capacidad para cuestionar cómo la gobernanza universitaria puede mitigar las desigualdades sociales y avanzar hacia la democratización, superando la desconfiguración del propósito público provocada por el neoliberalismo en la educación superior chilena.,. Es fundamental comprender que la justicia social no es solo una cuestión de acceso económico (gratuidad), sino de reconocimiento de la diversidad de saberes y de una participación política real que evite la marginación de estudiantes y funcionarios en la construcción del futuro institucional.
El estudio busca servir de brújula para la transformación de los estatutos internos, moviendo la aguja desde una gestión burocrática hacia una responsabilidad política compartida. Se pretende que las instituciones utilicen estos resultados para identificar silencios u omisiones en sus reglamentos que perpetúan lógicas de opresión o dominación patriarcal. El análisis busca profundizar en la reflexión sobre la justicia social para orientar a las universidades hacia modelos más pluralistas e inclusivos que reconozcan la diversidad de saberes y garanticen la paridad participativa en la toma de decisiones estratégicas. El fin último es que la universidad actúe como una "mini sociedad" que lidere con el ejemplo, implementando paridad de género y representatividad estamental efectiva, asegurando que la excelencia académica no sea un pretexto para excluir las voces de quienes sostienen la vida universitaria a diario.
Para alcanzar estos resultados, se empleó un riguroso enfoque metodológico de carácter cualitativo. Se seleccionaron estatutos y reglamentos de jerarquización académica como fuentes primarias, entendiéndolos como los documentos que cristalizan la visión y organización del poder institucional. El proceso se realizó mediante un análisis documental y temático asistido por el software Nvivo, examinando cualitativamente estatutos y reglamentos de jerarquización académica para identificar categorías de distribución, reconocimiento, participación y responsabilidad.. Los investigadores contrastaron estos documentos con las teorías de justicia social de autores como Rawls, Honneth, Fraser y Young. Este escrutinio permitió desvelar cómo el mérito científico individual se ha convertido en el principal —y a veces único— criterio para acceder a derechos políticos, revelando una estructura que aún favorece la jerarquía del profesor titular por sobre la solidaridad colectiva.
Las conclusiones apuntan a una tensión no resuelta entre la excelencia investigativa y la justicia participativa. Los expertos señalan que, si bien se ha avanzado en la inclusión distributiva (acceso de sectores desfavorecidos), la gobernanza sigue siendo mayoritariamente exclusiva para el estamento académico de alta jerarquía. Los expertos sostienen que la gobernanza actual aún privilegia una visión meritocrática centrada en el académico "titular", por lo que es imperativo transitar hacia una responsabilidad política que integre efectivamente a estudiantes y funcionarios administrativos en los órganos colegiados.. La mirada de los autores sugiere que la paridad de género y la triestamentalidad no deben ser solo una respuesta a la ley, sino un compromiso ético para desarticular el patriarcado y las jerarquías estancas, permitiendo que la universidad evolucione hacia una comunidad pluralista capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI.
El horizonte próximo para las instituciones de educación superior chilenas está marcado por un compromiso ineludible con la democratización interna y la actualización normativa. Tras la promulgación de las leyes 21091 y 21094, las universidades han iniciado un proceso de reconfiguración que debe ir más allá del papel. Lo que sigue es la implementación efectiva de nuevos estatutos universitarios antes del año 2025, un proceso que obligará a las instituciones a evaluar si sus estructuras realmente fomentan la paridad participativa y si son capaces de integrar las voces de estudiantes y administrativos en la alta dirección. Los investigadores sugieren que el próximo paso crítico es monitorear cómo la reciente elección de rectoras y el avance hacia la paridad en organismos colegiados impactan la cultura institucional. Además, se abre una línea de investigación necesaria para recoger las experiencias vividas de los estamentos, trascendiendo el análisis documental hacia una comprensión fenomenológica de la justicia social en el campus.
En conclusión, la educación superior en Chile se encuentra ante una oportunidad histórica para transitar desde una gobernanza burocrática y meritocrática hacia una "responsabilidad política" compartida. El hallazgo central de este estudio documental subraya que, aunque se ha avanzado en la justicia distributiva mediante políticas de acceso y gratuidad, la democratización real sigue siendo una tarea pendiente en los estatutos institucionales. El desafío para el 2025 es consolidar una universidad pluralista que no solo valore la producción científica de vanguardia, sino que actúe como una "mini sociedad" equitativa, desarticulando las lógicas de opresión y el patriarcado mediante la paridad participativa. La transformación de la gobernanza universitaria no es solo un ajuste administrativo, sino un compromiso ético con la construcción de un Estado más inclusivo, donde el poder decisional sea distribuido, horizontal y representativo de toda su comunidad educativa.
La justicia social en la educación superior chilena está transitando desde un enfoque meramente distributivo basado en el mérito hacia una paridad participativa que reconoce la pluralidad y diversidad de toda su comunidad.
Este cambio paradigmático en la gobernanza de las universidades chilenas busca superar la jerarquía tradicional centrada en el mérito científico individual para integrar a todos los estamentos en un marco de equidad educativa. Bajo este nuevo prisma, el reconocimiento académico ya no es un privilegio exclusivo del profesorado titular, sino un derecho que debe alcanzar a investigadores, estudiantes y administrativos por igual.
Representa la garantía de que estudiantes, funcionarios y académicos posean igualdad representativa y política en los procesos de toma de decisiones dentro de la gobernanza institucional.
La democratización universitaria impulsada por marcos normativos como la Ley 21094 exige transitar hacia una participación triestamental efectiva que desarticule patrones históricos de exclusión. Al implementar la paridad de género en organismos colegiados, las universidades chilenas no solo cumplen con una normativa legal, sino que avanzan hacia una justicia participativa que valida la voz de quienes tradicionalmente han sido marginados en la alta dirección.
La responsabilidad política es el compromiso ético de la comunidad educativa para transformar colectivamente las estructuras de opresión y dominación en favor del bien común.
En lugar de un modelo de obligación burocrática, esta perspectiva busca que la universidad asuma un rol activo frente a problemas sociales estructurales, como el patriarcado y la desigualdad institucional. Al fomentar una gobernanza democrática y pluralista, las instituciones de educación superior en Chile se posicionan como motores de cambio social, preparándose para los desafíos de la globalización y la masificación educativa con un enfoque en la solidaridad y el reconocimiento recíproco.
En NOTICIAS CIENTÍFICAS creemos que el acceso a la información, el conocimiento y la ciencia debe ser un derecho universal. Difundimos investigaciones científicas de Chile, Latinoamérica, el Caribe y del mundo, en todas las áreas del saber. Nuestra misión es expandir el conocimiento y la ciencia, y necesitamos el apoyo de personas como usted, que nos leen y hacen posible esta labor.
